Comunicado Oficial de Trinka
La aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio constituye una necesidad urgente, tanto para propiciar la efectiva gobernabilidad del país, como para combatir con eficacia el crimen organizado y la penetración de este en los partidos políticos, el gobierno y la sociedad, con el consiguiente fomento del pandillerismo y la criminalidad como modo de vida. (En países con altos índices de pandillerismo, la expectativa de vida de los jóvenes promedia unos cinco años después de ingresar a pandillas; y muchos de los que sobreviven terminan sus días en prisión).
A esta conclusión ha llegado Trinka, el think tank de Panamá, luego de examinar los pros y contras de esta iniciativa, sometida por el Ministerio de Seguridad Pública a la Asamblea Nacional en abril de 2021. Como ha sido concebida a nivel internacional, la extinción de dominio es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países para combatir el crimen organizado.
En Panamá, el crimen organizado ha llegado a escalar a tal nivel, que ha logrado penetrar no solo a entidades clave del gobierno, sino a partidos políticos, utilizándolos como instrumentos para acceder al poder político. Más grave aún, su poder económico es tal que ha impulsado la formación de pandillas que sostiene con fondos habidos de la trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas, robo a mano armada, legitimación (blanqueo) de capitales y falsificación de productos.
Tal ha sido el poder alcanzado hoy día por el crimen organizado que, de seguir escalando, en muy corto plazo pondrá en grave aprieto la gobernabilidad del país, definida esta como el estado de equilibrio en el ejercicio del poder político y su capacidad para atender las demandas sociales de forma eficaz, estable y legítima.
Es la tercera ocasión en que se intenta aprobar una ley de extinción de dominio en Panamá. La primera iniciativa surgió de la Procuraduría General de la Nación en 2014, pero fracasó por el desinterés de la Asamblea de entonces y la falta de apoyo del Órgano Ejecutivo. La segunda ocurrió en 2015, pero la iniciativa no fue acogida. La nueva versión mejora los proyectos anteriores. México, Colombia, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países han implementado con éxito este instrumento jurídico.
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