El abogado, criminólogo y docente Máximo Ruíz, advirtió que en la actualidad la región fronteriza de Panamá con Colombia es un centro de operaciones de grupos de delincuencia transnacional en disputa territorial para sus actividades económicas ilícitas, que incluyen narcotráfico, desplazamiento, secuestro y extorsión.
Entre las organizaciones delincuenciales está, de acuerdo con el criminólogo, el Clan del Golfo, integrada por miembros de las milicias paramilitares colombianas (AUC), que mantiene combate con uno de los brazos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), en conjunto con los disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FAR).
Aunado a estos por sus tentáculos urbanos y en disputas territoriales con esos grupos delincuenciales rurales, entra en escena el Tren de Aragua, banda delincuencial que nace de una prisión, tratando de demostrar ser la organización más grande y poderosa desde Venezuela; ramificándose en países como Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos.
Las declaraciones de Ruíz se dieron durante un foro organizado por el centro de reflexión y pensamiento, TRINKA Panamá, bajo el título “Inmigración ilegal masiva por Darién”. Además de Ruíz, el foro contó con la participación del abogado Juan Antonio Tejada Mora y del diplomático César Lawson.
“Estos grupos delincuenciales han hecho de la inmigración ilegal un lucrativo negocio”, enfatizó el abogado panameño.
El flujo migratorio de personas se ha disparado de 133,726 en el año 2021 a 520,085 en el 2023 y hasta el 2024 se suman más de un millón de personas las que han atravesado la selva del Darién, reveló Ruíz, quien agregó que en lo que va del año han ingresado a Panamá 100 mil migrantes venezolanos, donde las autoridades panameñas deben haber realizado los procedimientos biométricos pertinentes para prevenir que estos inmigrante sean víctimas o victimarios del grupo delincuencial Tren de Aragua.
“Darién no es una ruta, es una selva”, con este lema el gobierno panameño intenta disuadir el uso de la ruta darienita por parte de los inmigrantes, expresó, por su parte, el abogado y diplomático César Lawson.
Lawson, quien se desempeña en la actualidad como funcionario del Ministerio de Gobierno, compartió algunas cifras originadas en estadísticas del Servicio Nacional de Migración y UNICEF, según las cuales en lo que va del año 2024, un total de 156,451 migrantes han cruzado el tapón del Darién, siendo 62,580, es decir, el 40%, niños, niñas y adolescentes procedentes en su mayoría de Venezuela.
Durante los meses de marzo y abril se dan las mayores travesías de personas, debido a que es una temporada en la que el caudal de los ríos está más bajo.
La migración por Darién es un negocio lucrativo que, en el caso del Clan del Golfo, ha ganado más de $800 millones, mientras que para el gobierno panameño ha representado gastos que sumaron más de $50 millones solo entre el 2020 y el 2022.
A manera de conclusión del foro, Ruiz dijo que entre muchos problemas de la inmigración ilegal que existen, las autoridades panameñas atender e investigar las denuncias de violaciones sexuales a mujeres migrantes, la situación de menores de edad que viajan solos, y la pluralidad de personas con distintas nacionalidades e idiomas que complican el manejo y procesamiento a su ingreso a las zonas de registro.
Ejemplo de lo anterior, explicó, es la localidad de Bajo Chiquito, lugar de acogida cuya población no supera los 500 habitantes originarios, y su flujo migratorio constante puede ser de más de dos mil personas que se alojan en ese lugar hasta que sean trasladados a la Estación Temporal de Migración de la Lajas Blancas o San Vicente, según el protocolo correspondiente.
Los expertos sugieren que para atender los problemas que se dan en la frontera colombo panameña se hace necesaria la utilización de tecnologías que permita una lucha más efectiva contra el tráfico de inmigrantes, la entrada de terroristas u organizaciones de delincuencia transnacional que se aprovechan de la ola migratoria para infiltrarse y escapar de la justicia de sus países o viajar a otros para delinquir.
También consideran necesaria una mejor distribución de los fondos entregados por el gobierno de los Estados Unidos para que Panamá pueda gestionar más efectivamente la situación migratoria en Darién.
Sobre el cierre de la frontera, expresaron que debe ser filosófico, es decir, con una verdadera planificación estratégica dado que, además del tráfico terrestre, también se utilizan rutas marítimas que, en el caso de los inmigrantes se trasladan mayormente personas de nacionalidad asiáticas o con mayor adquisición económica; además apuestan por el uso de tecnologías de la información en concordancia con otras agencias internacionales, como la autenticación biométrica, sensores de tierra y drones de video vigilancia, que permitan localizar a quienes intenten ingresar a territorio panameño.
Los expertos advirtieron que pretender la deportación de los inmigrantes resultaría complicado, ya que se correría el riesgo de entrar en conflicto con los países de procedencia, quienes deberán aceptar o rechazar la repatriación. Por ende, es mejor realizar la transversalidad y la coordinación con los intervinientes como Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, en el cual este último debe establecer la política “Quédate donde estás” y así hacer uso de la “app” de aplicaciones de solicitud digital denominada “CBP, ONE”, de manera que estos inmigrantes, teniendo el visto bueno de Estados Unidos, se puedan trasladar por vías alternas, según sus recursos.
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